Venezuela entró en Estado de Conmoción Exterior tras decreto

En medio de la incertidumbre en el vecino país, entró en vigencia este decreto para ampliar los poderes del Ejecutivo.

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Mientras avanza la situación y tensión política-social en Venezuela, se conoció que el Gobierno declaró el estado de conmoción exterior en todo el país, una medida excepcional que amplía de forma significativa los poderes del Ejecutivo.

El decreto, publicado en la Gaceta Oficial bajo el número 5.200, fue firmado por Nicolás Maduro antes de su captura y refrendado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

La decisión se sustenta en lo que el presidente califica como un ataque armado extranjero y tendrá una vigencia inicial de 90 días, con posibilidad de prórroga por el mismo período.

Al tener rango de ley, la norma permite al Gobierno tomar acciones extraordinarias en materia de seguridad, orden público y control interno.

Uno de los puntos más sensibles del decreto es la instrucción directa a los cuerpos de seguridad para localizar, detener y procesar a personas que el Gobierno considere involucradas en la promoción o el respaldo de la acción militar estadounidense.

Estas actuaciones deberán realizarse bajo coordinación del Ministerio Público y del sistema judicial, aunque el texto ha despertado inquietud por la amplitud de los criterios que podrían usarse para determinar responsabilidades.

El decreto también ordena la militarización de servicios públicos estratégicos, así como de la industria petrolera y otras áreas clave del Estado. Además, se faculta al Ejecutivo a requisar bienes considerados necesarios para la defensa nacional y a restringir derechos como las reuniones y manifestaciones públicas.

Aunque el documento afirma que se respetarán derechos fundamentales como la vida, la libertad personal y el debido proceso, expertos en derecho constitucional advierten que la figura del estado de conmoción exterior implica, en la práctica, la suspensión de varias garantías constitucionales.

Organizaciones y analistas alertan sobre el riesgo de interpretaciones extensivas que puedan derivar en persecuciones políticas o limitaciones a la libertad de expresión, especialmente en redes sociales.

Se trata de la primera vez que Venezuela activa esta figura desde la entrada en vigencia de la Constitución de 1999, lo que marca un punto crítico en la crisis política e institucional del país.