Por entramado de corrupción: Tribunal envía a prisión a exministros Bonilla y Velasco
- Madelaine Báez
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En medio del polémico caso de UNGRD, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá ordenó medida de aseguramiento.
Otra noticia sacude la política nacional, esta vez tras conocerse que Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla irán a la cárcel por el polémico caso de corrupción de la UNGRD.
La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda, y Luis Fernando Velasco, exministro de Interior, dentro del proceso penal que se adelanta por un presunto entramado de corrupción relacionado con el desvío de millonarios contratos públicos.
La decisión está vinculada a investigaciones por irregularidades en la asignación de recursos y contratos administrados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el Instituto Nacional de Vías (Invías), que, según la Fiscalía, habrían sido utilizados para beneficiar a congresistas a cambio de respaldo político a iniciativas del Gobierno.
Aunque el ente acusador solicitó inicialmente detención domiciliaria, la magistrada Aura Alexandra Rosero consideró que la gravedad de los hechos ameritaba una medida más estricta.
En su análisis, señaló que la prisión domiciliaria es una medida sustitutiva y que, en este caso, no resulta suficiente para neutralizar los riesgos asociados a la investigación.
El Tribunal concluyó que los exministros habrían actuado desde posiciones de poder, aprovechando sus cargos para coordinar el direccionamiento de contratos públicos.
Según la magistrada, existió una presunta “división de tareas” entre ambos funcionarios para facilitar la entrega de recursos a congresistas con el objetivo de asegurar votos favorables en proyectos clave que tramitaba el Ejecutivo.
La Fiscalía imputó a Bonilla y Velasco los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos, cargos que ambos rechazaron. En la audiencia, se destacó la relevancia de testimonios de exfuncionarios y directivos de entidades involucradas, los cuales fueron considerados coherentes y consistentes por el Tribunal.
Uno de los elementos centrales del caso es la supuesta realización de reuniones de alto nivel, incluido un encuentro en la Casa de Nariño en noviembre de 2023, donde se habrían impartido instrucciones para el manejo de los contratos. Para la magistrada, los hechos no fueron aislados ni ocasionales, sino parte de un esquema organizado y reiterado de corrupción administrativa.
El Tribunal concluyó que, aun sin ocupar cargos públicos actualmente, los exministros conservan redes políticas y de influencia que podrían permitir la rearticulación de las conductas investigadas. Por ello, consideró que la reclusión en centro carcelario es una medida necesaria, proporcional y adecuada mientras avanza el proceso judicial.
