El Salvador: Gobierno informó que en 2025 se registró cifra histórica de disminución de homicidios

Según la presidencia de El Salvador, esta reducción se puede atribuir a la lucha contra pandillas y extorsión.

Foto: Internet.

Desde el Gobierno de El Salvador dieron una noticia en temas de seguridad, informando que el país cerró 2025 con la tasa de homicidios más baja desde que existen registros oficiales, un resultado que las autoridades atribuyen a la ofensiva estatal contra las pandillas impulsada por el presidente Nayib Bukele.

Según datos del Ministerio de Justicia y Seguridad, el año terminó con 82 asesinatos, lo que equivale a una tasa de 1,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, una reducción significativa frente a años anteriores.

Las cifras contrastan con el pasado reciente del país, que en 2015 llegó a registrar más de 100 homicidios por cada 100.000 habitantes, posicionándose entonces como uno de los países más violentos del mundo fuera de un conflicto armado.

Desde la presidencia sostienen que el descenso sostenido de la violencia ha permitido recuperar territorios que antes estaban bajo control de las pandillas y prácticamente erradicar delitos como la extorsión, que afectaba a comerciantes, transportistas y comunidades enteras.

De acuerdo con el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, los homicidios registrados en 2025 no estuvieron vinculados a estructuras criminales organizadas. La mayoría de los casos se relacionaron con conflictos familiares, disputas sociales y consumo de alcohol.

El presidente Bukele afirmó que hoy no existen zonas dominadas por pandillas y que el país se ha convertido en uno de los más seguros del hemisferio occidental.

El descenso en los índices de violencia ocurre en el marco de un régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, que permite detenciones sin orden judicial y la suspensión de varias garantías constitucionales. Bajo esta medida, las autoridades reportan la captura de más de 90.000 personas acusadas de vínculos con pandillas, aunque reconocen que miles fueron liberadas posteriormente al comprobarse su inocencia.

Organizaciones defensoras de derechos humanos, sin embargo, cuestionan el alto costo institucional y humano de esta estrategia. Denuncian miles de detenciones arbitrarias y centenares de muertes bajo custodia estatal, y advierten sobre la falta de controles judiciales efectivos.