La polémica por decisión del Ministerio de Salud: Entregaron lanchas ambulancias en hospital de Maicao
- Madelaine Báez
- hace 2 días
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La entrega de las lanchas ambulancia reavivó el debate sobre priorizar gasto público en salud. Sobre todo, porque este municipio no tiene salida directa al mar o río.
El Ministerio de Salud está nuevamente en el centro del debate y la crítica, tras la reciente entrega de dos lanchas ambulancia y 11 ambulancias terrestres al Hospital San José de Maicao, en La Guajira.
La noticia generó controversia debido a que el municipio, fronterizo con Venezuela, no cuenta con acceso directo al mar ni a ríos navegables. La inversión total es de unos 1.680 millones de pesos y hace parte de una estrategia para fortalecer la atención médica en el departamento.
El debate surgió porque Riohacha, Uribia y Manaure, que sí tienen salida directa al Caribe, no fueron tomados en cuenta para estas lanchas ambulancias; por eso para muchos es más coherente. A esto se suma que el puerto más cercano a Maicao se encuentra a más de una hora y media del hospital beneficiado.
Frente a los cuestionamientos, el ministerio explicó que el Hospital San José de Maicao es el principal centro de referencia de mediana complejidad para la Alta Guajira y que las lanchas no operarán desde Maicao, sino desde Puerto Estrella y Bahía Honda, zonas donde el acceso terrestre es limitado o inexistente. Desde allí, los pacientes serán trasladados por vía marítima y después por tierra hasta Maicao o Riohacha, según la complejidad del caso.
El gerente del hospital, Larry Laza, defendió la medida asegurando que este modelo mixto permitirá reducir los tiempos de atención para comunidades dispersas y de difícil acceso, donde actualmente incluso las ambulancias terrestres no pueden circular.
La inversión también incluyó la habilitación de una nueva unidad renal, con un presupuesto cercano a los 900 millones de pesos, con el objetivo de evitar el traslado de pacientes a otras regiones del país.
El hospital permanece bajo intervención administrativa del Estado, prorrogada hasta 2026, como parte de un plan para garantizar su estabilidad y funcionamiento, en medio de la crisis financiera que atraviesa el área de la salud.
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