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Procuraduría abrió investigación contra congresista Susana Boreal por contratar a su novio en su UTL

La Procuraduría investigará a Susana Boreal, representante a la Cámara por Antioquia (cuyo nombre de pila es Susana Gómez Castaño), por la contratación presuntamente irregular de un asesor que estaría vinculado a su Unidad Legislativa de Trabajo (UTL) sin el cumplimiento mínimo de los requisitos exigidos para ser nombrado en el cargo.

La Sala Disciplinaria de Instrucción indicó que la congresista presuntamente nombró y posesionó como asesor a su pareja sentimental, con lo que podría haber incurrido en falta disciplinaria y actuado a pesar de la existencia de causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses.  

De igual manera, el Ministerio Público señaló que se indagarán los hechos denunciados por otros miembros de su UTL, quienes fueron objeto de “malos tratos”, según sus denuncias en redes sociales.

Finalmente, la etapa procesal incluyó a Christian David Guzmán por, al parecer, suministrar datos inexactos o documentación con contenidos que no correspondan a la realidad y que pudo permitir su vinculación como asesor en el Congreso de la República. Guzmán, que hizo parte de la campaña del Pacto Histórico en Antioquia, fue también señalado por otros de los integrantes de la campaña, por al parecer, ejercer malos tratos contra ellos.

La denuncia

El abogado Daniel Briceño denunció finalizando el mes de febrero, con varios soportes, que Christhian David Guzmán recibe $9.280.000 mensuales como Asesor en la UTL de Boreal, pese a que solo acreditó cinco semestres de ciencia política y tres años experiencia laboral firmada por Gustavo Bolívar “en una certificación irregular”.

Briceño justificó haber calificado de irregular esa certificación debido que fue emitida el 7 de julio de 2022, en la que el entonces Senador Bolívar acredita más de 3 años de experiencia laboral como su “asesor político” entre el 05 de abril de 2016 y el 30 de junio de 2019.

No obstante, el abogado evidenció que Guzmán solo se afilió al sistema de seguridad social hasta junio de 2019 (mes en el que acabó el supuesto contrato con Gustavo Bolívar) como UPC adicional y solo fue cotizante hasta que entró al Congreso en 2022.

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